56 condenados por violar o abusar de niños vieron rebajadas sus penas por decreto del Gobierno de Kast

Ningún tribunal lo ordenó. las solicitudes llegaron al ministerio y este las acogió, una sola fue rechazada. Ya se anuncia una interpelación contra el ministro Rabat.

Sin anuncio público y sin orden de ningún tribunal, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha reducido las penas de 56 condenados por violación y abuso sexual de menores. Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó 56 decretos exentos que acogieron esas rebajas: 29 por violación y 27 por abuso sexual. Eso da un decreto cada tres días. Solo se rechazó una solicitud, también por abuso sexual de un menor.

El país lo supo porque un medio preguntó, no porque el Gobierno informara. Las cifras constan en el ORD. 7067 de la Subsecretaría de Justicia, respuesta a una solicitud de acceso a la información del medio Interferencia.

Según las fuentes consultadas ninguna de las 56 rebajas se originó en un recurso de amparo ni en otra vía judicial. Las solicitudes llegaron al ministerio y este las acogió. Cada decreto se firma “por orden del Presidente de la República”, tras la calificación de la Comisión de Reducción de Condenas, la verificación de la Seremi y la revisión de la División de Reinserción Social.

La defensa del ministro y sus vacíos. Rabat sostuvo en el Congreso que el ministerio solo recogió la doctrina de la Corte Suprema, que en decenas de amparos habría reconocido el beneficio a quienes lo obtenían antes de 2022. La cartera argumenta además que, si se cumplen los requisitos y no hay causal de exclusión, no podría negar la rebaja, conforme a la Ley 19.856.

Pero esa explicación deja preguntas abiertas:

• La Ley 21.421 excluyó en 2022 del beneficio a quienes cometieron delitos sexuales contra menores. El propio ministerio admite que existe una discusión judicial sobre si esa exclusión rige para hechos anteriores. Aun así, aplicó la lectura más favorable a los condenados, sin que un juez se lo ordenara.
• Se desconoce cuántos de los 56 decretos corresponden a delitos cometidos antes o después de 2022, y tampoco se sabe si ese fue el fundamento en cada caso.
• Interferencia preguntó cuántas personas hay detrás de los 56 decretos y si hubo cambios de criterio, instrucciones o circulares internas respecto de administraciones anteriores. Hasta el cierre de su edición, el ministerio no respondió.
• En los textos revisados no consta si se informó a las víctimas o a sus familias.

Un Gobierno con dos discursos. El 31 de agosto, Kast y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, presentaron el plan “Chile Cuida a los Niños”, que busca prevenir vulneraciones y proteger a menores en riesgo. El propio Gobierno lo justificó por un escenario crítico: la demanda de las Oficinas Locales de la Niñez creció 42% en un año, hay 5.788 niños esperando atención y cerca de 5.000 viven en residencias de protección. Mientras el Ejecutivo se presentaba como protector de la infancia, su Ministerio de Justicia seguía firmando rebajas para quienes la agredieron. Son carteras distintas, y Interferencia lo precisa, pero el sello es el mismo.

“Lea la Constitución”. Consultado por qué estas decisiones no se transparentaron, Rabat respondió que todos los actos administrativos son públicos y remitió al periodista a la Carta Fundamental. Una respuesta formalmente correcta, pero que elude el fondo. Que un decreto sea técnicamente accesible no equivale a informar a un país sobre una decisión de esta gravedad, que ya suma más de medio centenar de casos. Se supo porque un medio lo consultó.

Ya se anuncia una interpelación contra el ministro. Quedan por responder cuántos condenados hay detrás de los 56 decretos, qué criterio se usó en cada caso y por qué el Gobierno eligió el silencio.