“Que no sea de acceso público”: el pedido de reserva de Luis Silva en la causa de un exagente de la CNI
Un decreto a un condenado por abuso, un informe favorable a un exagente de la CNI y un pedido de reserva. El subsecretario que Kast puso en Justicia, bajo la lupa.
Una nueva arista golpea al Ministerio de Justicia en plena controversia por las rebajas de pena. El subsecretario Luis Silva aparece vinculado a dos casos distintos: el de un condenado por abuso sexual y el de un exagente de la CNI condenado por secuestros. En ambos, su firma antecedió a una decisión que benefició a los condenados.
El caso del condenado por abuso sexual.
Silva firmó el 24 de junio de 2026, como ministro subrogante, un decreto que redujo en nueve meses la condena de José Jaime Silva Olivares, de 64 años, quien cumplía cinco años y un día por abuso sexual. El condenado había presentado un recurso de amparo nueve días antes. Tres días después del decreto, su abogado desistió de la acción. La Corte de Valparaíso había pedido informes a Gendarmería y a Justicia, y fue Justicia la que le comunicó que el decreto ya estaba firmado. El ministerio justifica este tipo de decisiones en la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema y en el principio de evitar una judicialización innecesaria.
El caso del exagente de la CNI.
Silva firmó además un escrito, dentro de un amparo ligado a César Acuña Luengo, para pedir que el recurso se tramitara de forma reservada y que la carpeta electrónica no fuera de acceso público. Acuña Luengo cumple una condena de diez años y un día por el secuestro calificado de cinco integrantes del FPMR, detenidos en septiembre de 1987 y que siguen desaparecidos. El rol de Silva debe distinguirse del decreto mismo. El 30 de abril firmó un informe favorable a la rebaja. El 19 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al ministerio pronunciarse, y el 20 de mayo el ministro subrogante Pablo Mira firmó el decreto que otorgó 19 meses de rebaja.
Los beneficiados por rebajas de condena por delitos sexuales contra menores son 56, y 33 de ellos presentan alto riesgo de reincidencia. La Cámara realiza hoy una sesión especial en la que el ministro Fernando Rabat debe dar explicaciones, y la oposición evalúa una acusación constitucional en su contra. Hay un matiz relevante: fuentes del ministerio dicen que más de 40 de los 56 beneficiados habían recurrido antes a tribunales. Un fallo de la Corte Suprema de febrero contradijo la tesis de Rabat de que existía un criterio uniforme del máximo tribunal.
Quién es Luis Silva.
Abogado, de 48 años, fue el consejero constitucional más votado en 2023, en representación de sectores de extrema derecha. Él mismo declaró entonces ser numerario del Opus Dei, la categoría de miembros solteros de la prelatura, aunque describió ese vínculo como “formativo”. Sus críticos subrayan que los numerarios viven bajo votos de obediencia. La cineasta Marcela Said, que lo entrevistó para su documental acerca del Opus Dei, lo describió como “un soldado de la Obra”, además como un tipo de «muy pocas luces» y «súper peligroso». Silva también ha sido cuestionado por sus declaraciones sobre Pinochet: dijo admirar a quien “supo conducir el Estado”. Luego de ser electo Consejero Constitucional, Su propio hermano, el cineasta Sebastián Silva, lo calificó en 2023 de “peligro nacional”.
La pregunta de fondo. Si Kast puso a Fernando Rabat, ligado a la defensa de Pinochet, en Justicia y a Silva como subsecretario, ¿buscaba precisamente este resultado? Ese es el interrogante que deja el escándalo.
