El cartel de la elite: «Operación Amsterdam» al descubierto tras mover US$ 9 millones bajo la fachada del cannabis medicinal
Una megacausa iniciada en Coyhaique desarticuló una red de 38 imputados —encabezada por empresarios, herederos y exalumnos del colegio Cumbres— que utilizaba corporaciones «sin fines de lucro», complejas mallas societarias y permisos estatales para el tráfico masivo de drogas y el lavado de activos.
La tradicional imagen del narcotraficante en Chile —asociada históricamente a las bandas armadas territoriales, a las fronteras descontroladas o a facciones trasnacionales como el Tren de Aragua— acaba de sufrir una violenta refundación. La llamada «Operación Amsterdam», una causa encabezada por el OS-7 de Carabineros y la Fiscalía Regional de Aysén, no solo desmanteló una sofisticada red de tráfico de marihuana y derivados a escala nacional, sino que destapó la fractura moral de un sector de la élite que decidió intercambiar su poder económico y estatus social por el lucrativo mercado negro. Este caso no es un capítulo más sobre delincuencia común; es una radiografía de la criminalidad de cuello y corbata en su máxima expresión.
El epicentro del terremoto no está en los barrios periféricos, sino en los sectores más acomodados de la zona oriente de Santiago. El perfil de los 38 imputados es lo que verdaderamente sacude las estructuras del establishment: no nos enfrentamos a sujetos empujados por la marginalidad, sino a profesionales, empresarios y herederos de apellidos tradicionales. Entre las figuras clave figuran Andrés Astorga Rodríguez (empresario vinculado al barrio gastronómico BordeRío), su padre Mario Astorga de Valenzuela, Rodrigo Buzeta Quezada (cuñado de Álvaro Jalaff, implicado en el caso Factop), Juan Pablo Cox Marín y Matías Guillermo Landerer Henzi —estos dos últimos exalumnos del exclusivo colegio Cumbres, ligado a los Legionarios de Cristo—. A la nómina se suman el exchico reality Camilo Huerta y menciones en interceptaciones telefónicas sobre figuras de la política y el deporte.
El origen del caso resulta revelador. Lo que partió en junio de 2024 en Coyhaique por la fiscalización al local «Cogoyhaique», terminó al descubierto como una red nacional que movía toneladas de marihuana. La organización operaba bajo la pantalla noble del Dispensario Nacional, una corporación sin fines de lucro creada en 2016 para la distribución con fines terapéuticos. Tras la salida judicial de su gestor original, Luis Quintanilla, el modelo fue cooptado comercialmente por Andrés Astorga mediante un esquema agresivo de franquicias.
Mientras de cara al público se exigían recetas médicas y certificaciones sanitarias para simular legalidad, el verdadero flujo económico se canalizaba y blanqueaba a través de sociedades comerciales como DN Medcorp SpA y el holding MA Botanics. Esta última firma, que comenzó en 2019 con un capital de $3 millones, disparó su patrimonio societario en 2023 a $4.480 millones. Utilizando permisos parciales del SAG en Pelarco destinados únicamente a cultivar cáñamo industrial (CBD), la red comercializaba ilegalmente variedades de cannabis con THC, además de abastecerse con cultivos clandestinos en Algarrobo, Peñaflor, Curacaví, Puchuncaví y Pirque.
El cinismo estructural de esta organización queda al descubierto en la dualidad de sus métodos. Mientras la clase alta históricamente apela al discurso del orden y la moralidad, la «Operación Amsterdam» demuestra cómo la fachada de respetabilidad corporativa sirvió como escudo impune. Los acusados llegaron a recibir el apoyo de organismos públicos como ProChile para proyectar envíos internacionales a Suiza o EE.UU., recaudando más de US$4,2 millones con financiamiento corporativo e inversionistas cautivados en directorios. En paralelo, las escuchas telefónicas policiales revelaban despachos clandestinos de madrugada y conversaciones explícitas sobre la logística ilícita: «Necesito 10 kilos porque vamos a hacer un envío de 60».
A través de locales establecidos desde Antofagasta hasta Coyhaique, el grupo comercializaba la droga en comestibles, vaporizadores y «flores». La Fiscalía calcula que solo las ventas formales reportadas rozaron los $3.900 millones, con ganancias ilícitas totales estimadas en más de 9 millones de dólares.
Frente a una carpeta investigativa que supera las 85 mil páginas, las formalizaciones por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos colocan al tribunal de garantía frente a una encrucijada institucional. Las medidas cautelares y la solicitud de prisión preventiva para los líderes rompen la histórica percepción de invulnerabilidad penal de la clase alta chilena.
La «Operación Amsterdam» deja así una lección indispensable: la delincuencia de mayor impacto no siempre opera armada ni surge de la exclusión social. En este caso, la amenaza al Estado de Derecho vistió trajes a la medida, acumuló un capital de $4.400 millones y utilizó el prestigio social como la mejor de sus fachadas.
