Siete AFP en la mira: el regulador investiga si sus apuestas hicieron caer los ahorros de los fondos más conservadores
La Superintendencia de Pensiones abrió procesos sancionatorios contra todo el sistema. Determinará si las decisiones de inversión provocaron las caídas de los fondos D y E y si violaron el deber de lealtad y diligencia. El Fondo E acumula una rentabilidad real de -10,39% en 2026.
La Superintendencia de Pensiones abrió procesos sancionatorios contra las siete AFP del sistema. Quiere establecer si sus decisiones de inversión provocaron las caídas que golpearon a los fondos D y E y si, al tomarlas, incumplieron su deber de lealtad y diligencia con los ahorros de los afiliados.
La medida llega tras concluir una extensa serie de fiscalizaciones. Los fondos D y E son los de perfil más conservador del sistema.
Qué se investiga. El regulador examinará si el actuar de las administradoras vulneró sus obligaciones legales básicas. El marco es el artículo 147 del Decreto Ley 3.500 y la Norma de Carácter General 340, del 18 de julio de 2025.
Qué exige la ley.
Artículo 147: las AFP deben gestionar todo lo necesario para cautelar una rentabilidad adecuada y la seguridad de las inversiones. Sus operaciones de compra y venta de títulos con recursos de los fondos deben responder exclusivamente al interés de esos fondos.
NCG 340: unificó la regulación previa sobre deberes fiduciarios. Fija obligaciones de cuidado y destreza para quienes administran intereses ajenos. Exige resguardar los ahorros con celo y mantener protocolos para detectar y evitar conflictos de interés.
La investigación deberá concluir si esos estándares de diligencia se aplicaron en las operaciones cuestionadas.
El origen del problema. El Fondo E acumulaba en 2026 una rentabilidad real negativa de 10,39%, según antecedentes de Bío Bío Investiga. Parte de la controversia está en los swaps de tasas de interés, derivados cuyo resultado depende de variables financieras. Las AFP apostaron a una baja de las tasas en Estados Unidos y el mercado se movió en sentido contrario. A mayo, las siete administradoras mostraban posiciones negativas de distinta magnitud. Entre las más expuestas figuraban Capital, Cuprum, ProVida y Habitat.
Estas cifras son valorizaciones negativas, no pérdidas necesariamente realizadas. Reflejan el deterioro de las posiciones, pero no la liquidación de todos los instrumentos.
Las alertas previas.
En abril, la Superintendencia restringió el uso de derivados. Dio 210 días para ajustar posiciones y fijó topes de exposición: 3% para los fondos A y B, 2,5% para el C y 2% para los D y E.
Según El Semanal de El Mostrador, las advertencias databan de fines de 2025. El Banco Central y el Consejo de Estabilidad Financiera habían examinado la creciente exposición de las AFP a eventuales alzas de tasas estadounidenses.
Pese a ello, las administradoras mantuvieron posiciones elevadas. Su valoración negativa llegó a US$7.700 millones en septiembre de 2026, según cifras difundidas por Bloomberg.
La posición del Gobierno. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la acción del regulador desde el Congreso. Evitó adelantar juicios y dijo que corresponde a la institución más capacitada investigar y, si procede, sancionar. Defendió además las medidas ya adoptadas. Según el ministro, la Superintendencia ordenó eliminar el exceso de volatilidad que generaba la práctica, con un plazo para el ajuste, y eso evitó pérdidas adicionales.
Lo que no significa. La apertura de los procesos no implica que las AFP hayan sido declaradas responsables. El procedimiento administrativo determinará si hubo incumplimientos y qué sanción corresponde en cada caso. Será un hito en las exigencias que el Estado impone a los actores del mercado previsional.
