Más allá de los abusadores: Gobierno rebaja condenas a criminales de Punta Peuco y agudiza crisis en Justicia
A los 56 casos de beneficios carcelarios a violadores y abusadores sexuales se suman nuevos decretos administrativos que reducen penas por secuestro calificado y tortura, dejando al Ejecutivo arrinconado frente a su propio discurso de seguridad.
La controversia política y jurídica que enfrenta al Ejecutivo por la vía administrativa en la reducción de penas escaló de gravedad en las últimas horas. A los 56 decretos de morigeración de condena concedidos a condenados por delitos sexuales y violación de menores —otorgados a un ritmo promedio de uno cada tres días entre marzo y septiembre de este año— se suma ahora la constatación de que el Ministerio de Justicia también otorgó beneficios carcelarios a tres reos condenados por delitos graves de lesa humanidad, incluyendo dos internos recluidos en el penal de Punta Peuco.
De acuerdo con la información oficial dada a conocer, las nuevas medidas comprenden reducciones de pena para dos personas condenadas por secuestro calificado —al menos una de ellas vinculada al recinto penitenciario especial— y un tercer decreto dictado por el delito de tortura. Este nuevo flanco profundiza el desgaste político del ministro de la cartera y de La Moneda, cuyas banderas programáticas han estado ancladas firmemente en el discurso de «mano dura» y endurecimiento del combate contra la delincuencia.
Mientras el arco opositor y diversas bancadas parlamentarias endurecen las críticas —evaluando herramientas de fiscalización como una inminente interpelación al titular de Justicia y exigiendo la individualización de los beneficiarios—, el Ejecutivo se ha defendido escudándose en la supuesta obligatoriedad legal de los trámites. Sin embargo, la justificación ha sido duramente rebatida por juristas y exautoridades, quienes apuntan a que los decretos dictados «por orden del Presidente» no solo contradicen el espíritu de la legislación vigente en materia de exclusión de beneficios para delitos graves y sexuales, sino que vulneran compromisos internacionales en materia de derechos humanos y justicia.
