Mea culpa sin consecuencias: Kast reconoce el error, pero deja intacto a Rabat
El mandatario señaló asumir la responsabilidad política por la rebaja de condenas a pederastas, suspendió los trámites y prometió una ley, pero mantuvo intacto al ministro de Justicia, artífice institucional de la polémica firma, desatando críticas opositoras y amenazas de acusación constitucional.
El presidente José Antonio Kast optó por una fórmula de control de daños tan paradojal como insustancial frente a la polémica por la firma de 57 decretos que rebajaron condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores. El mandatario admitió la gravedad del flanco y declaró que «el Estado les falló» a las víctimas, pero dejó absolutamente intacto su gabinete y blindó de manera absoluta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, artífice institucional de la polémica firma.
«No hay explicación técnica, criterio jurídico ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna. A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad: el Estado les falló», reconoció Kast desde La Moneda, asumiendo la responsabilidad política del Gobierno.
Sin embargo, la admisión de responsabilidad no se tradujo en consecuencias institucionales. Pese a las exigencias parlamentarias de remoción, el Ejecutivo resolvió no solicitar la renuncia de Rabat: «Frente a este hecho real, hay dos caminos: uno, sacar a un ministro y a todo su equipo y dar por cerrado este tema. Ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema», argumentó el mandatario. En esta línea, confirmó la permanencia del titular de Justicia para liderar las reformas necesarias, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse.
Las medidas anunciadas se concentraron en el plano administrativo y legislativo: la suspensión inmediata de toda tramitación de rebajas de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores, la revisión caso a caso de los decretos ya concedidos y el respaldo a mociones parlamentarias para presentar un proyecto de ley que impida de manera definitiva nuevas reducciones de penas. Kast solicitó al Congreso tramitar estas iniciativas con máxima celeridad, subrayando que «no pueden esperar meses».
La oposición, sin embargo, no quedó conforme con el equilibrio entre el mea culpa y la continuidad del ministro. El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, sostuvo que «no basta con asumir el error» y exigió disculpas públicas a las víctimas, la renuncia de Rabat y acciones judiciales y administrativas para revocar los decretos, advirtiendo que, de no ocurrir, respaldarán una acusación constitucional contra el líder de Justicia. Expertos han advertido, no obstante, las dificultades de perfilar los argumentos, pues el problema fue político y humano, sin una transgresión evidente de la Constitución. La polémica también abrió recriminaciones dentro del oficialismo, con cruces entre Republicanos y la UDI, mientras la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recordó que el máximo tribunal solo podría abordar el tema si se hubiera judicializado.
En suma, Kast reconoció el flanco, declaró que el Estado falló y prometió cerrar la puerta para siempre, pero mantuvo incólume a su gabinete y blindó a Rabat, el artífice institucional de la firma cuestionada: un control de daños que, por insustancial, deja abierto el frente político.
