Prometieron confianza pero esta no llegó: la fuga de capitales se multiplicó, la inversión se estancó, y el CFA advierte déficits hasta 2031
Economistas estiman una pérdida bruta anual para el fisco cercana a US$1.800 millones. Los municipios y el gasto público cargarán con la diferencia.
El Gobierno de José Antonio Kast ha defendido que rebajar impuestos y dar certezas al empresariado atraerá inversión. Los primeros datos de 2026 no confirman esa promesa. Entre enero y junio salieron del país US$2.146 millones de personas y empresas no financieras, el triple que un año antes y el monto semestral más alto desde 2022. Esa sola cifra duplica lo que salió durante todo 2025.
Los analistas matizan. Atribuyen buena parte del flujo a la diversificación patrimonial y a las tasas atractivas de Estados Unidos, y advierten que no debe leerse automáticamente como rechazo político. Pero ese es el punto: tras modificar impuestos y regulaciones para recuperar la confianza, La Moneda deberá explicar por qué esa confianza aún no aparece en los números. El flujo se concentró en el primer trimestre, con US$1.887 millones, frente a US$258 millones entre abril y junio. Habrá que ver si la desaceleración se consolida.
La economía tampoco muestra el despegue prometido. El PIB cayó 0,2% anual en el segundo trimestre y la inversión (formación bruta de capital fijo) no registró variación, tras crecer 2,9% en el primero. Hay un contrapeso: los extranjeros se han convertido en los mayores tenedores de deuda local. Capital de portafolio entra y capital de empresas y personas chilenas sale.
El precedente de la repatriación
Esa es la pregunta de fondo: ¿responde el capital a los incentivos tributarios como se supone? El antecedente reciente dice que no siempre. La ventana de repatriación de 2024 recaudó $92.496 millones, apenas 15,6% de la meta. Recibió 568 declaraciones de 547 contribuyentes, aunque el SII ya tenía identificadas más de 153.000 cuentas chilenas en el exterior. Según Hacienda, representó un 0,03% del PIB frente al 0,21% previsto.
El Gobierno vuelve a intentarlo. Desde el 1 de enero de 2027, la Ley 21.850 abre un año de repatriación con una tasa de entre 7% y 10%, más baja y por más tiempo que la de 2024 (12%, por dos meses). Puede funcionar mejor, como en 2015, cuando ingresaron US$1.500 millones. Pero nada en la evidencia de 2024 ni en la fuga de 2026 garantiza que el capital vuelva por decreto.
La misma apuesta, a mayor escala
La rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23%, aprobada por el Senado en votación ajustada, descansa en la misma lógica: que el capital responda con inversión y que ese crecimiento compense lo que el Fisco deja de recibir. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el proyecto genera déficits al menos hasta 2031 incluso considerando el efecto en crecimiento, y que el costo de esta rebaja no es compensado por el crecimiento que ella misma produce. Para el economista Claudio Agostini, cada punto implica entre US$450 y US$500 millones menos de recaudación bruta, unos US$1.800 millones por los cuatro puntos; considerando retiros y dividendos, la pérdida neta anual sería de US$350 a US$400 millones.
Las consecuencias alcanzan al Estado: el CFA advierte además de una posible presión fiscal permanente sobre el Fondo Común Municipal, que financia a los municipios. Y hay disputa sobre quién gana. La oposición sostiene que el beneficio se concentra en el 1% más rico. El Gobierno y gremios replican que alcanza a pymes y, vía AFP, a los fondos de pensiones. Defensores de la medida, como el expresidente del Banco Central Vittorio Corbo, valoran la rebaja gradual, aunque condicionan su respaldo a que supere el test del CFA.
Lo que sí se sabe es que la inversión privada hoy no despega, que el capital local sigue saliendo y que el único experimento reciente de repatriación recaudó una fracción de lo previsto. La rebaja tributaria es una apuesta de mayor tamaño sobre el mismo supuesto, y 2027 será su primera prueba.
