Crece la presión sobre el ministro Rabat tras revelarse rebajas de presidio a redes internacionales de droga
Revisión de resoluciones confirma rebaja de condenas a 115 extranjeros sentenciados por el ingreso ilícito de toneladas de marihuana, cocaína y ketamina, varios de los cuales registraban rechazos unánimes a la libertad condicional.
Una investigación periodística reveló que el Ministerio de Justicia ha concedido rebajas de pena a 115 ciudadanos extranjeros condenados por delitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. El hallazgo surge tras la revisión de 150 decretos de reducción de condenas tramitados durante el presente año, en los cuales la cartera ejecutiva no presentó oposición a ninguno de los requerimientos analizados.
Las resoluciones —suscritas tanto por el titular de la cartera, Fernando Rabat, como por el exsubsecretario Luis Silva en su calidad de ministro subrogante— benefician a sujetos involucrados en operaciones de tráfico a gran escala. Al menos 13 de los favorecidos fueron interceptados en la frontera norte o en rutas de acceso clave, registrándose en cinco de esos casos la acreditación judicial de ingreso por pasos no habilitados.
Casos emblemáticos y alertas de reincidencia
Entre los antecedentes documentados se encuentran:
Tráfico masivo de estupefacientes: Se redujo la pena al ciudadano boliviano Jhoel Ramos Antesana, condenado por integrar una red que intentó trasladar más de una tonelada de droga (marihuana, cocaína y pasta base) en la Región de Tarapacá. Su condena disminuyó en tres meses, lo que permitió su salida de prisión a los dos días de dictado el beneficio.
Omisión de informes de alto riesgo: El colombiano Fredy Orlas Heredia, sentenciado por el traslado de 52 kilos de pasta base, obtuvo una quita de seis meses. Esto ocurrió a pesar de contar con un informe desfavorable de Gendarmería que advertía un «alto riesgo de reincidencia» y una negativa unánime previa de la Comisión de Libertad Condicional por escaso avance en su reinserción.
Cargamentos sintéticos: El venezolano José Luis Liscano Bermúdez y su acompañante Víctor Mora Araya, aprehendidos con 32,7 kilos de ketamina tras ingresar desde Colchane, también accedieron al beneficio firmado por las autoridades del ministerio, quedando en libertad.
La controversia jurídica tras las decisiones
El Ministerio de Justicia sustentó la entrega de estas rebajas argumentando que la normativa vigente no lo faculta para denegar reducciones de pena basándose en la gravedad de los delitos o los bienes jurídicos protegidos, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Sin embargo, análisis sobre dictámenes de tribunales superiores sostienen que las resoluciones judiciales obligan al ministerio a emitir un pronunciamiento administrativo, pero no restringen su facultad discrecional para conceder o denegar los beneficios según el mérito de cada expediente.
Este hallazgo profundiza la presión política e institucional sobre el ministro Fernando Rabat, al sumarse a revelaciones previas que dieron cuenta de rebajas concedidas a 56 personas condenadas por abuso y violación contra menores de edad.
