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Otro flanco abierto para La Moneda: Gonzalo Arenas enreda el caso Danstar y suma presión interna

Mientras el vocero de gobierno sugiere pedir permiso a Argentina para navegar a Malvinas, el canciller Francisco Pérez defiende el libre tránsito bajo tratados vigentes; el giro desata críticas transversales, tensión en el oficialismo y dudas sobre el control comunicacional del Ejecutivo.

La vocería del actual gobierno atraviesa una semana de alta turbulencia que ha puesto en entredicho su capacidad para ordenar el relato oficial y contener crisis políticas. Lejos de actuar como un filtro que apague incendios, la conducción comunicacional encabezada por el ministro Gonzalo Arenas ha sumado nuevos focos de conflicto interno y externo, esta vez a raíz del próximo zarpe del buque Danstar desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas.

El episodio comenzó cuando Arenas abordó desde La Moneda la exigencia planteada por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien sostuvo que la embarcación debía solicitar autorización a su país para efectuar la travesía. Aunque el vocero matizó que el Estado chileno no requiere pedir permiso, sugirió que el buque privado sí debe cumplir con las obligaciones correspondientes para atracar en el archipiélago.

Esa lectura chocó de frente con la línea sostenida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller Francisco Pérez ha defendido el tránsito amparado en la Convención del Mar y en los tratados bilaterales de 1881 y 1984, buscando rebajar tensiones sin ceder en los principios de navegación. Consultado nuevamente tras la polémica, Arenas optó por replegarse y remitió la definición de la postura oficial a la Cancillería, evidenciando una falta de coordinación al interior del Ejecutivo.

El traspié desató reacciones críticas tanto en el mundo experto como en las propias filas oficialistas. El exministro de Defensa Jaime Ravinet calificó como equivocada la afirmación de Arenas y recalcó que el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984 resguarda la circulación expedita y sin obstáculos hacia y desde el Estrecho de Magallanes, advirtiendo que exigir permisos argentinos contradice ese marco.

En el Congreso, diputados de derecha también marcaron distancia y presionaron a La Moneda para aclarar el criterio jurídico del gobierno. Mientras el diputado Daniel Valenzuela ofició a Cancillería para precisar el régimen de navegación y llamó a actuar con mayor prudencia, Alejandro Riquelme sostuvo que la autorización para atracar corresponde a las autoridades británicas que administran las islas.

El caso del Danstar se suma así a una secuencia de intervenciones problemáticas de Arenas —incluidos sus cruces con el Partido de la Gente y los reparos en torno a la crisis en Ciencia— que refuerzan la percepción de una vocería errática y de una administración obligada a administrar contradicciones propias en un momento sensible para su imagen pública.

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