Fisuras en La Moneda: Las fricciones de gabinete por la reforma de seguridad ahondan la crisis de gestión en el Gobierno de Kast
Las contradicciones en torno al borrador de la reforma de seguridad desnudan un patrón de improvisación gubernamental, donde las disputas sectoriales se ventilan por la prensa antes de resolverse en Palacio.
Apenas cinco meses han transcurrido desde el desembarco del Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda, y lo que se prometía como un despliegue de rigor técnico e institucional ha derivado en una persistente espiral de desacoples políticos e improvisaciones ministeriales. La controversia originada esta semana entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud no es una anécdota insular, sino la más reciente radiografía de un gabinete que padece serias fisuras en sus mecanismos de coordinación previa e interlocución interna.
El foco del conflicto estalló a raíz del borrador de la reforma constitucional proseguridad que alista el Ejecutivo, una iniciativa que contempla 11 modificaciones a la Carta Magna. Entre sus apartados más severos, el texto plantea que aquellas personas condenadas por terrorismo, crimen organizado o narcotráfico no solo enfrenten penas privativas de libertad, sino que además pierdan el derecho a recibir beneficios estatales en áreas críticas como educación, previsión social y salud, tanto durante el cumplimiento de la condena como hasta por 15 años posteriores.
La respuesta institucional no tardó en surgir desde el propio Gabinete. En declaraciones a CNN Chile, la ministra de Salud, May Chomali, encendió las alarmas al señalar que el proyecto genera severas incompatibilidades con el marco legal sanitario vigente. Chomali advirtió expresamente que privar de prestaciones de salud a una categoría de ciudadanos arriesga vulnerar el derecho constitucional a la salud. Exautoridades de la cartera, como Jaime Mañalich, Karla Rubilar y Enrique Paris, respaldaron los reparos técnicos, enfatizando que condicionar la atención médica —especialmente frente a urgencias o emergencias vitales— atenta contra la salud pública y extiende el castigo a terceros ajenos a los delitos cometidos.
Lejos de encauzar el debate por la vía diplomática o institucional, el titular de Seguridad, Martín Arrau, desestimó públicamente la postura de su par en Radio Infinita. Con un tono que evidenció la falta de diálogo precautorio entre ministerios, Arrau aseveró que la ministra de Salud «desconoce el proyecto» por ser una propuesta que aún no es pública y que, en consecuencia, «está opinando de una cosa que quizás no está tan al tanto». En su defensa, Arrau argumentó que los beneficios sociales provienen de la recaudación tributaria de todos los chilenos —como el cobro del 19% de IVA en bienes básicos— y que el Estado no debe subsidiar prestaciones a quienes han vulnerado la seguridad del país.
Este fuego cruzado sobre un texto normativo que ni siquiera ha ingresado al Congreso Nacional exhibe una metodología de trabajo caracterizada por el aislamiento de los ministerios sectoriales y la exposición prematura de sus contradicciones ante la opinión pública. No obstante, el desgaste no radica únicamente en las divergencias conceptuales sobre derechos fundamentales frente al punitivismo penal, sino en un trasfondo político profundamente debilitado por la inestabilidad de sus cuadros ejecutivos.
En apenas 150 días de administración, el Gobierno de Kast acumula un registro inédito de bajas en sus filas, sumando más de 40 renuncias y remociones obligadas entre ministros, subsecretarios y seremis. Esta constante sangría de autoridades —gatillada por controversias de probidad, cuestionamientos de idoneidad técnica o desgaste acelerado— retrata a una administración que aún no logra asentar un estándar de instalación ni una conducción política unificada.
El contrapunto entre Arrau y Chomali, sumado a las observaciones de sectores oficialistas que reconocen la necesidad de reajustar la redacción del texto, deja al descubierto un Ejecutivo resentido por la falta de un filtro legislativo previo. En lugar de ofrecer señales de solidez institucional en el combate contra la delincuencia, la actual gestión termina proyectando un escenario de improvisación interna y fragilidad operativa, donde las disputas presupuestarias y dogmáticas entre ministros se dirimen a través de los micrófonos de la prensa en lugar de los comités de Palacio.
