El repliegue táctico de Dominga: Andes Iron esquiva un fallo adverso en la Suprema para apostar a un «salvavidas» político del Gobierno de Kast
La minera retiró sus recursos en el máximo tribunal a puertas de una derrota judicial definitiva. La maniobra busca forzar una invalidación administrativa en el SEA que deje la aprobación final de la megaminería en manos del Comité de Ministros del actual gobierno.
Tras más de una década de litigios y cuestionamientos socioambientales, el controvertido proyecto minero-portuario Dominga atraviesa un giro de timón decisivo. Andes Iron —la compañía titular del yacimiento de hierro y cobre ubicado en la comuna de La Higuera— retiró de manera intempestiva sus recursos ante la Corte Suprema, cerrando voluntariamente la vía judicial donde el proyecto se encontraba contra las cuerdas.
Lejos de significar la muerte definitiva de la iniciativa de US$ 2.500 millones, el repliegue en los tribunales responde a un cálculo táctico: abandonar la instancia judicial antes de sufrir un fallo adverso irrecuperable para trasladar el destino del proyecto al terreno político, donde el escenario normativo y el alineamiento del Ejecutivo del Presidente José Antonio Kast le resultan sustancialmente más favorables.
El cálculo tras el desistimiento en la Corte Suprema
El paso en falso judicial de Andes Iron era inminente. El caso, que buscaba revertir la confirmación del rechazo a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ya se encontraba «en acuerdo» en el máximo tribunal del país. Ante señales de que la Corte Suprema ratificaría el portazo definitivo a Dominga, la compañía optó por retirar sus escritos a última hora.
Al concretar el desistimiento, técnicamente queda firme la resolución del Comité de Ministros del gobierno anterior (enero de 2025) que desestimó el proyecto. Sin embargo, procesalmente la jugada evitó un fallo definitivo de la Suprema que hubiese sentado jurisprudencia vinculante y clausurado legalmente cualquier futuro intento de tramitación.
La vía de la «invalidación»: reactivación por secretaría administrativa
Al liberarse de la vía penal y judicial, la ofensiva de la minera se traslada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La entidad admitió a trámite una serie de solicitudes dictadas por la empresa para invalidar administrativamente el rechazo aplicado en 2025.
El objetivo es forzar un retroceso en el expediente administrativo para que sea el actual Comité de Ministros del Gobierno de Kast quien vuelva a votar sobre el fondo del proyecto.
- El mecanismo técnico-político: Si el SEA y el nuevo Comité de Ministros acogen la solicitud de invalidación y rectifican el dictamen anterior alegando vicios de forma o desacatos administrativos, la calificación negativa del proyecto queda anulada.
- El escenario para las organizaciones ambientalistas: Si el Gobierno aprueba el proyecto por esta vía administrativa, las ONG y comunidades locales tendrán que recurrir nuevamente a los Tribunales Ambientales. No obstante, la diferencia es sustancial: las eventuales impugnaciones ciudadanas se harían en contra de un proyecto formalmente aprobado, lo que técnicamente facultaría a Andes Iron a dar inicio a las obras preliminares mientras se resuelven los litigios.
Presión política y sombras de probidad
El cambio de estrategia no ocurre en un vacío neutro. Las autoridades del área económica del Ejecutivo ya han dado señales de apertura. El biministro Daniel Mas afirmó que el Gobierno monitorea de cerca el caso, remarcando la prioridad del Ejecutivo por «facilitar que la inversión minera que cumpla los estándares ambientales pueda concretarse en tiempo y forma».
Por su parte, organizaciones como Greenpeace reaccionaron alertando sobre un intento de aprobar la megaminería «por secretaría» e instaron al Ejecutivo a mantener el rechazo institucional. La ONG recordó que la tramitación histórica de Dominga no solo ha estado bajo la lupa por la amenaza ecológica al archipiélago de Humboldt, sino por flancos judiciales abiertos en materia de probidad —como las querellas por presunto cohecho y revelación de secretos vinculadas a pagos de la minera en aristas del denominado «caso Muñeca Bielorrusa»—.
En síntesis, Andes Iron desactivó el frente judicial justo a tiempo para apostar sus fichas al arbitrio del poder ejecutivo, buscando que la venia política transforme un proyecto técnicamente rechazado en una faena minera en marcha.
