«A alguien se le pasó llamar»: el cortocircuito en La Moneda que desnuda las fisuras al interior del gabinete
La exclusión del biministro del Interior en la impugnación del artículo de servicios básicos expone un patrón de descoordinación sistémica que José Antonio Kast insiste en calificar como un simple “incidente”.
Durante años, el actual sector oficialista articuló un discurso implacable frente a la administración anterior. Cada tropiezo del gobierno precedente era catalogado, de manera sumaria, como una prueba irrefutable de «amateurismo», improvisación e inexperiencia. Aquellos antecesores contaban, al menos, con la atenuante del recambio generacional y la juventud de sus cuadros. Sin embargo, la brecha entre el discurso técnico impecable y la cruda realidad operativa ha quedado expuesta en el Palacio de La Moneda de la manera más insólita: con un ministro del Interior y vocero enterándose por la prensa de que su propio Presidente y cuatro colegas de gabinete habían firmado una ofensiva ante el Tribunal Constitucional.
El detonante fue el artículo 31 de la megarreforma económica, una disposición sensible que obliga a las empresas distribuidoras a reconectar los servicios básicos suspendidos por deudas a familias en zonas declaradas en catástrofe por incendios. La historia del desencuentro comenzó formalmente el lunes 3 de agosto en el salón “Democracia y Memoria”. Allí, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, verbalizó ante el oficialismo su inquietud por el costo fiscal y regulatorio de la medida, sugiriendo la posibilidad de recurrir al TC.
En esa misma reunión, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado —un hombre de dilatada trayectoria política— advirtió los altísimos costos políticos de judicializar el beneficio para los damnificados y propuso un veto sustitutivo. Pese a las discrepancias, la maquinaria del Ejecutivo avanzó a espaldas del jefe de gabinete. El sábado 8 de agosto, el requerimiento ingresó al Tribunal Constitucional con las firmas del Presidente José Antonio Kast y los ministros de Hacienda, Segpres, Energía y Transportes.
De la decisión no se informó en el comité político, no se cursó un llamado a la oficina del Interior y tampoco se instruyó a la Secretaría de Comunicaciones (Secom). La consecuencia directa de este hermetismo fue el bochorno del martes siguiente: un preocupado biministro Alvarado reconoció en los pasillos del Congreso que carecía por completo de información sobre la acción legal de su propio Gobierno. La respuesta pública de Alvarado, quien irónicamente sugirió que el único cambio necesario era «reiterarle a los ministros cuál es su número de teléfono», evidenció un nivel de fricción inédito para un gabinete que se autodefine como experimentado.
Lo que sobrevino fue un desfile de traspasos de responsabilidad que desnudó la ausencia de un mando coordinado. La Secom culpó a Interior por no revisar una minuta de Hacienda; Interior desmintió a la Secom; la Segpres de José García Ruminot admitió «dificultades de comunicación formal»; mientras que el jefe de las arcas fiscales, Jorge Quiroz, optó por una respuesta de inusitada distancia burocrática, asegurando que no era su responsabilidad «hacerse cargo de informar a cada una de las personas».
Este episodio no es un hecho aislado, sino el síntoma de una patología recurrente. El diseño del Ejecutivo ha intentado conciliar la impronta dogmática de los técnicos de Hacienda con el cálculo de los políticos de la Segpres e Interior. No obstante, lejos de operar como un sistema de pesos y contrapesos, la balanza se ha inclinado hacia un estilo hacendario distante que ya suma errores no forzados, como la fallida negociación con el PPD por erratas en indicaciones previas y compromisos informales no cumplidos con la oposición.
La respuesta de la cima del poder tampoco ofreció un diagnóstico a la altura de la falla estructural. El Presidente Kast optó por dar el episodio por «cerrado» y calificarlo como una etapa superada para enfocarse en empleo y seguridad, mientras el ministro de Hacienda catalogó la desautorización de la Jefatura de Gabinete como un detalle «más bien incidental».
Sin embargo, para las bancadas oficialistas de RN y la UDI, la falta de una vocería con autoridad y la abierta pugna por la hegemonía política en el Palacio no son temas incidentales. La crisis de la reconexión de servicios básicos reveló una paradoja incómoda: quienes prometieron ordenar la casa con rigor profesional hoy tropiezan con las mismas piedras de la descoordinación interna, demostrando que la veteranía parlamentaria no inmuniza contra la improvisación gubernamental.
