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Radiografía al modelo previsional: la capitalización individual deriva en un «sistema de reparto encubierto» que ahoga al Estado

Con rentabilidades en mínimo histórico y más del 70% de la población próxima a jubilarse con menos de $50 millones guardados, economistas advierten una crisis inevitable si no se transita hacia un modelo de seguridad social con beneficios definidos

El sistema de capitalización individual en Chile atraviesa un momento crítico. Las cifras más recientes de la Superintendencia de Pensiones, consolidadas en el informe Pensiones sin Seguridad Social: ¿Cómo se calcula el monto de las pensiones en Chile? —elaborado por los economistas Marco Kremerman y Francisca Barriga de la Fundación Sol—, demuestran que el ahorro individual acumulado resulta insuficiente para garantizar un retiro digno a la inmensa mayoría de los trabajadores.

En 2025, de las 150 mil personas que formalizaron su retiro, el 50% logró financiar únicamente con su esfuerzo de ahorro una pensión mensual inferior a los $86.000. La fragilidad del modelo queda en evidencia al constatar que acumular $100 millones en la cuenta de capitalización no asegura siquiera un ingreso equivalente al salario mínimo vital vigente a fines de 2025 ($529.000).

De acuerdo con las simulaciones del estudio, un hombre de 65 años (con cónyuge de 62) que acumule $100 millones obtiene hoy una pensión autofinanciada de $465.851 en la modalidad de retiro programado, o de $439.047 si opta por una renta vitalicia. En el caso de una mujer de 60 años (con cónyuge de 63) y con idéntico pozo de ahorro, los montos descienden a $412.387 en retiro programado y a $385.541 en renta vitalicia. Estas diferencias reflejan el sesgo de género y el impacto de las tablas de mortalidad vigentes.

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| MONTO ESTIMADO DE PENSIÓN CON $100 MILLONES DE AHORRO (Diciembre 2025)                        |

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| Perfil del Afiliado                | Retiro Programado ($)    | Renta Vitalicia ($)           |

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| Hombre (65 años, cónyuge 62)       | $465.851                 | $439.047                      |

| Mujer (60 años, cónyuge 63)        | $412.387                 | $385.541                      |

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| *Sueldo Mínimo de Referencia (Dic. 2025): $529.000                                            |

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Un abismo entre las trayectorias laborales y el monto acumulado

El informe desmonta la noción de que las bajas jubilaciones responden de manera exclusiva a la informalidad o a la falta de continuidad impositiva. Quienes cotizaron de manera ininterrumpida durante periodos de entre 35 y 40 años alcanzaron una pensión mediana de $290.000, cifra que representa apenas el 55% del salario mínimo y una tasa de reemplazo cercana al 29% respecto de los ingresos devengados en el último decenio de vida laboral.

El diagnóstico de la Fundación Sol subraya que el volumen acumulado por la población trabajadora próxima a jubilarse es sumamente acotado:

  • Hombres (60-64 años): El 73,1% registra saldos inferiores a $50 millones en su cuenta individual. Únicamente un 11,9% alcanza o supera los $100 millones.
  • Mujeres (55-59 años): El 85,5% posee menos de $50 millones acumulados. Solo un 5% sobrepasa los $100 millones de ahorro previsional.

Desde los sectores defensores del modelo actual, representados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y centros de estudio liberales, se sostiene que las deficiencias del sistema derivan de variables exógenas como la precarización del mercado de trabajo, las lagunas previsionales y la necesidad de adecuar los parámetros demográficos. En esa dirección, las propuestas gremiales apuntan a elevar la tasa de cotización e igualar las edades legales de retiro entre hombres y mujeres.

Del capitalismo individual al «reparto encubierto» financiado por el Estado

A juicio de Marco Kremerman, el diseño estructural de las cuentas individuales opera bajo supuestos poco realistas respecto del funcionamiento del mercado laboral. El economista recalca que el sistema privatizado se ha vuelto crecientemente dependiente del erario público para evitar un colapso social.

En la actualidad, de cada 100 pesos destinados al pago de prestaciones previsionales en Chile, entre 86 y 87 pesos provienen de transferencias fiscales (tales como la Pensión Garantizada Universal, PGU), mientras que solo 13 pesos derivan del ahorro gestionado por las AFP y las compañías de seguros. A pesar de que las administradoras recaudan anualmente cerca de US$ 13.000 millones entre cotizaciones obligatorias y comisiones, es el fisco el que asume el costo de amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionados.

A esta dinámica se suma un deterioro progresivo en la rentabilidad de los fondos administrados:

  • Década de 1980: Rentabilidad real promedio del 12% anual.
  • Década de 1990: Promedio cercano al 10% anual.
  • Década de 2000: Caída al 5,7% anual.
  • Década de 2010: Descenso al 4,8% anual.
  • Años transcurridos de la década de 2020: Rentabilidad acumulada promedio de solo 0,2%.

El desafío demográfico y la alternativa de las reservas técnicas

La presión sobre el gasto fiscal tenderá a intensificarse por razones estructurales. Proyecciones de la CEPAL indican que la población de Chile alcanzará su tope de 20,5 millones de habitantes en 2040, momento en el que 4,4 millones de personas tendrán 65 años o más, con una expectativa de vida promedio de 83 años. Bajo este escenario, el gasto público en pensiones, que actualmente ronda el 2% del PIB, podría escalar a cifras de entre 7% y 7,2% del PIB hacia el año 2050.

Como alternativa al modelo vigente, el informe de la Fundación Sol propone avanzar hacia un sistema de seguridad social basado en la lógica de reparto con fondos de reserva técnica. Este esquema utiliza una fracción importante de las cotizaciones para cubrir las prestaciones corrientes bajo el principio de beneficio definido —otorgando certeza respecto del porcentaje del salario que se percibirá al jubilar—, al tiempo que acumula un fondo de reserva para absorber los cambios demográficos a largo plazo.

Frente a la aprensión de que una reforma de esta magnitud perjudique el desarrollo del mercado de capitales local —donde históricamente las AFP han actuado como financiadores clave de grandes corporaciones—, Kremerman señala que la transición debe desligar el financiamiento empresarial de la precarización de las pensiones de los trabajadores de menores ingresos.

Actualmente, cerca del 55% de los fondos administrados por las AFP ($239.310 millones de dólares a julio de 2026) se encuentra invertido en instrumentos internacionales. Un fondo de reserva pública, adecuadamente regulado y articulado bajo criterios integrales de sostenibilidad y responsabilidad social, podría reorientar parte de esos recursos hacia la economía real chilena, diversificando las fuentes de financiamiento sin menoscabar los derechos previsionales de la ciudadanía.

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