«Hacer propia» la causa trasandina: El desatinado giro del embajador en Argentina que quiebra la doctrina territorial de Chile
Al calificar el reclamo por Malvinas como un asunto propio a cambio de garantías sobre el paso austral, el diplomático comete una inédita equiparación de principios entre un diferendo de terceros y un territorio nacional incuestionable.
El mapa diplomático nacional vuelve a tensionarse tras las recientes declaraciones del embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, quien durante una alocución ante el Rotary Club de Buenos Aires instó a la opinión pública chilena a adscribir y «hacer propia» la causa trasandina por la soberanía de las Islas Malvinas. La formulación del representante diplomático busca entrelazar el apoyo explícito que la administración del Presidente José Antonio Kast brindó a Buenos Aires frente al Reino Unido con una expectativa de «reciprocidad» respecto del reconocimiento irrestricto de la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.
Esta postura surge en un contexto sensible. Si bien las cúpulas del gobierno argentino de Javier Milei han verbalizado que el pasaje bioceánico pertenece a Chile, el decreto oficial (Decreto 457) que rotulaba dicha zona como un espacio compartido de interés común continúa formalmente vigente y sin la firma presidencial trasandina que concrete su derogación. La omisión se vuelve más compleja tras las reiteradas afirmaciones de mandos militares argentinos —entre ellos el general de la Fuerza Aérea Gustavo Valverde— y personeros parlamentarios de la Casa Rosada, quienes han insistido en proyectar soberanía o interés estratégico sobre el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake.
Las palabras de Uriarte provocaron una inmediata reacción negativa en el arco político nacional. El diputado Jaime Mulet (FREVS) solicitó al canciller Francisco Pérez Mackenna citar con urgencia al diplomático para rendir cuentas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. A juicio del parlamentario, calificar el reclamo por las Malvinas como una «causa propia» evidencia un preocupante desconocimiento de la geopolítica del sur austral y soslaya que las persistentes declaraciones trasandinas buscan, en el largo plazo, construir precedentes o insumos probatorios para futuros diferendos o arbitrajes internacionales.
Desbalance conceptual en los reclamos
La soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes está jurídicamente saldada, delimitada por tratados vigentes (como el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984) y respaldada por la posesión y el ejercicio continuo de la jurisdicción nacional. Por el contrario, la controversia por las Islas Malvinas es un litigio de soberanía no resuelto entre Argentina y el Reino Unido, regido por resoluciones de Naciones Unidas para el diálogo pacífico. Pretender que Chile deba «hacer propia» una causa litigiosa ajena a cambio de que un país vecino simplemente respete tratados ratificados es subordinar un derecho inalienable a una transacción de buena voluntad.
La persistencia del revisionismo trasandino
La diplomacia no opera en un vacío de declaraciones retóricas. La reiteración de pronunciamientos por parte de altos mandos de las Fuerzas Armadas argentinas, así como de legisladores alineados con la Casa Rosada al calificar pasajes australes exclusivamente chilenos como espacios «compartidos» o de «interés soberano», no son simples descuidos conceptuales. Constituyen un patrón histórico de ensayo y error. Dejar sin firmar la derogación del Decreto 457 mientras se aceptan los guiños de apoyo en la causa de Malvinas debilita la posición negociadora de La Moneda y le resta firmeza a la defensa del territorio austral.
Tradicionalmente, la política exterior de Chile en materia territorial se ha regido por una estricta doctrina de apego irrestricto a los tratados internacionales, la neutralidad activa en disputas soberanas de terceros y la firmeza jurídica. Supeditar o matizar el estatus del Estrecho de Magallanes a la afinidad ideológica o al clima político coyuntural entre los Ejecutivos de turno sienta un antecedente sumamente frágil. Si la Cancillería chilena no fija un límite tajante entre el apoyo diplomático solidario y la defensa incondicional de los propios límites fronterizos, corre el riesgo de convertir derechos territoriales consolidados en materia de debate diferido.
