Otro giro de timón obligado: 42 dimisiones en cinco meses confirman la alta inestabilidad en el equipo del Gobierno
El escándalo por el uso indebido de recursos públicos en el Mindep forzó la salida sincrónica de sus dos máximas autoridades, profundizando una crisis de gestión que acumula casi medio centenar de deserciones en tiempo récord.
En apenas cinco meses de mandato, la actual administración suma un nuevo y convulso hito en su balance de personal. Durante la noche de este jueves, La Moneda confirmó la renuncia de la ministra del Deporte, la exatleta Natalia Duco, y del subsecretario de la misma cartera, Andrés Otero. Con ambas dimisiones —efectivas desde el viernes 14 de agosto— el Ejecutivo alcanza la preocupante cifra de 42 bajas de autoridades en un lapso extremadamente acotado de gestión.
La doble salida en el Ministerio del Deporte no solo vacía la cúpula directiva de un sector clave, sino que evidencia un patrón de inestabilidad interna. Hasta la fecha, la planilla de bajas gubernamentales registra a tres ministras de Estado, seis subsecretarios y 33 secretarios regionales ministeriales (seremis). Antes del paso al costado de Duco, el gabinete central ya había resentido los sorpresivos despidos de Trinidad Steinert (Seguridad) y Mara Sedini (Vocería), ocurridos en mayo pasado.
El «asado» que gatilló el desplome
El detonante del fin de la era Duco al mando del Deporte fue un caso de uso indebido de patrimonio público, actualmente en manos de la Contraloría General de la República. El episodio se remonta al pasado 23 de abril, cuando la entonces ministra utilizó un automóvil fiscal para asistir a una actividad nocturna.
Aunque en un principio la versión institucional —firmada por el propio subsecretario Otero y enviada al ente contralor— argumentó que se trataba de una «reunión de trabajo» celebrada en la vivienda de una exasesora, revelaciones periodísticas posteriores desmoronaron dicha justificación. Registros audiovisuales e invitaciones difundidas entre los funcionarios dieron cuenta de una jornada festiva que incluyó asado, bebidas alcohólicas y karaoke.
A ello se sumaron los datos de la bitácora del vehículo estatal, cuyos trayectos registraron movimientos hacia Lo Curro, Las Condes y Pudahuel hasta altas horas de la noche. El contraste entre la versión formal enviada al órgano fiscalizador y la naturaleza real del evento dinamitó la continuidad de ambas autoridades.
Acumulación de traspiés en cinco meses
La permanencia de Duco en el gabinete duró poco más de 150 días, un periodo breve marcado por una sucesión de controversias públicas. Uno de los roces institucionales más severos ocurrió a propósito de los conciertos de la agrupación surcoreana BTS en el Estadio Nacional. Las objeciones técnicas presentadas inicialmente por el Instituto Nacional de Deportes (IND) para cuidar el césped derivaron en una dura pugna que culminó con Duco solicitando la renuncia de la directora nacional (s) del organismo, Lorena Castillo, antes de rectificar y autorizar el evento.
A esta polémica se sumaron declaraciones desatinadas sobre el vestuario de los deportistas de alto rendimiento y cuestionamientos iniciales a la postulación del país como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.
En paralelo, la denuncia interpuesta en Contraloría también solicitaba revisar la Beca Proddar recibida por Duco en su etapa como atleta. Si bien los registros oficiales confirmaron que el último depósito fue percibido en enero —antes de su nominación formal como futura ministra, descartando así pagos incompatibles durante el ejercicio de su cargo—, el conjunto de cuestionamientos debilitó de forma irreversible su posición política.
Una señal de alerta estructural
Por su parte, la salida de Andrés Otero añade una arista institucional delicada: al ser el firmante del oficio enviado a Contraloría con la explicación que resultó contradicha por los videos, su permanencia en la subsecretaría se volvió insostenible.
El descabezamiento simultáneo del Ministerio del Deporte expone algo más trascendente que un escándalo puntual: refleja la fragilidad en los controles de gestión y la alta frecuencia de recambios dentro de la actual administración. Acumular 42 dimisiones de altos cargos en el inicio de un mandato representa un indicador crítico para cualquier Gobierno, que se ve obligado a reorganizar sus equipos en forma permanente en lugar de consolidar su agenda programática.
