Improvisación en el Ministerio de Justicia? Entregan la gestión de una reforma estancada por 14 años a una abogada recién jurada
El intento por reemplazar el anacrónico Código de Procedimiento Civil de 1903 —una de las transformaciones estructurales más postergadas del sistema judicial chileno— ha sumado un controvertido capítulo. Tras más de 14 años paralizado en la tramitación legislativa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió poner la gestión y coordinación para destrabar la iniciativa en manos de Trinidad Zegers Domínguez, una profesional de apenas 27 años de edad que juró como abogada en la Corte Suprema hace tan solo cuatro meses.
La decisión, impulsada por el titular de la cartera, Fernando Rabat, ha generado una profunda marejada de dudas e interrogantes en los pasillos políticos e institucionales. El nombramiento sitúa a Zegers en una suerte de «gerencia operativa» encargada de articular los diálogos, tender puentes con el Congreso y destrabar un proyecto ingresado originalmente en marzo de 2012, durante el primer mandato de Sebastián Piñera, y cuya idea de legislar recién fue aprobada por el Senado en 2021.
El currículum de la joven profesional evidencia una trayectoria inicial respetable en el ámbito privado y académico, pero desprovista del volumen, el peso político y la experiencia estratégica requeridos para una reforma de esta envergadura. Egresada de la Universidad Católica, donde ocupó un cargo en el centro de estudiantes en 2021, Zegers se desempeñó como procuradora en un estudio corporativo en 2023, realizó su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial y tuvo un breve paso por un bufete de litigios antes de incorporarse, en abril de 2026, al gabinete del Ministerio de Justicia. Un mes más tarde, pasó a la modalidad de contrata con un sueldo aproximado de $2 millones mensuales.
Frente a las críticas emergentes —incluso dentro de los sectores afines al propio Ejecutivo—, desde el interior del Ministerio han intentado contener la polémica matizando el alcance de sus funciones. Según la versión oficial, Zegers no ostentará la conducción técnica o teórica de la ley, la cual se mantendrá bajo la tutela del ministro Rabat y de la jefa jurídica de la cartera, Pilar Hazbún. Por el contrario, su cometido se limitaría a la organización de mesas de trabajo, eventos académicos, difusión en medios de comunicación y articulación con distintos actores del sector.
No obstante, para diversos analistas y actores del ámbito judicial, la argumentación ministerial no logra disipar la inquietud de fondo. Manejar la logística, la agenda comunicacional y la articulación legislativa de una reforma estructural no es un cometido accesorio ni un puesto de entrenamiento. Dejar la reactivación de un proyecto atascado durante más de una década a cargo de una profesional recién titulada transmite una preocupante señal de liviandad gubernamental frente a una de las deudas más acuciantes de la justicia chilena.
