El silencio del Estado: el peligroso vacío que deja el Gobierno al sepultar la única radiografía de los medios chilenos
La Subsecretaría General de Gobierno suspendió unilateralmente el fondo que durante 15 años mapeó la desinformación y la propiedad mediática. Sin el respaldo de la agencia científica, el mundo académico teme que la evidencia periodística sucumba al arbitraje político y se pierda una herramienta clave para la democracia.
La decisión de la Subsecretaría General de Gobierno (Segegob) de poner fin a un convenio de más de 15 años para el financiamiento de investigaciones sobre el ecosistema mediático ha encendido una alerta en el ámbito académico y jurídico. Bajo la excusa del ajuste fiscal dictado por Hacienda, el Ejecutivo ha sepultado de un plumazo el Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional, chocando de frente con un mandato explícito de la Ley de Prensa.
Desde 2009, el Estado destinaba recursos anuales para que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) —anteriormente Conicyt— convocara a concursos públicos destinados a radiografiar la propiedad de los medios, los flujos de consumo informativo y, más recientemente, fenómenos críticos como la desinformación digital. La fórmula era sencilla y efectiva: Segegob aportaba el dinero y la agencia científica garantizaba la transparencia del proceso mediante la evaluación por pares.
Sin embargo, un oficio fechado el 31 de julio, firmado por el subsecretario José Francisco Lagos y dirigido a la directora de ANID, Alejandra Pizarro, liquidó este mecanismo. La justificación es estrictamente económica: tras una revisión de compromisos presupuestarios, la subsecretaría determinaría que no existe margen para financiar la convocatoria 2026, notificando además el término unilateral del convenio. Los proyectos vigentes deberán cerrar, pero no habrá nuevas adjudicaciones.
Hasta aquí, podría interpretarse como una medida más dentro de las tijeras presupuestarias gubernamentales. El problema es que estos estudios no son un mero capricho burocrático, sino que poseen rango de ley. El artículo 4 de la Ley 19.733 (Ley de Prensa) establece con letra clara que la Ley de Presupuestos debe contemplar, de forma anual, recursos para investigar el pluralismo informativo, y que dichos fondos deben entregarse mediante concurso público.
Al desarticular el mecanismo a través de ANID sin ofrecer un reemplazo, el Gobierno genera un vacío que rosa lo antijurídico. La interrogante central ya no es solo de dinero, sino de legitimidad institucional: ¿cómo cumplirá el Estado su obligación legal en 2026 si el propio Ministerio prohíbe el concurso?
La incertidumbre ha paralizado a la comunidad científica. Laureano Checa, presidente de la Asociación Gremial de Investigadores en Comunicación (INCOM Chile), advierte que la gravedad del asunto no radica solo en la pérdida del financiamiento —que históricamente no superaba los $80 millones anuales y adjudicaba unos tres o cuatro proyectos por convocatoria—, sino en la pérdida del blindaje académico. Sin ANID, los investigadores temen que el criterio de selección pase de la rigurosidad científica a la discrecionalidad política mediante asignaciones directas. «El financiamiento a través de ANID tiene un propósito y es garantizar la seriedad de estos estudios», subrayó Checa.
El cuestionamiento ha escalado al plano legal. Un grupo de académicos especializados en derecho constitucional y comunicación publicó una carta en la que desmenuzan la inconsistencia del Ejecutivo. Su argumento es contundente: una instrucción administrativa de austeridad fiscal no tiene la jerarquía suficiente para congelar o derogar una obligación impuesta por un cuerpo legal. Si el Gobierno considera que estos fondos son prescindibles, el camino institucionalmente válido es enviar un proyecto de ley al Congreso para modificar el artículo 4, no ahorcarlo mediante un oficio. Ante esta situación, los expertos ya han solicitado a la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre la ilegalidad de la medida.
Más allá de la disputa presupuestaria y legal, lo que está en juego es la capacidad del país para entender sus propios medios. Este fondo, nacido precisamente para resguardar el pluralismo sin interferir en la línea editorial de los diarios o canales, ha sido la principal fuente de evidencia empírica sobre cómo se transforma el periodismo frente a las plataformas digitales y las fake news. Cortar esta línea de reflexión, tal como advierten los investigadores, no es solo un daño a la academia, sino un golpe a la salud de una política pública democrática. Al cierre de esta edición, Segegob mantuvo un silencio oficial que agrava la sospecha institucional.
