Injusticia tributaria extrema: la regresiva exención de contribuciones que obliga a las comunas pobres a financiar a las más ricas
Pese a que incluso la OCDE exige elevar el impuesto a los bienes raíces, Chile aprueba condonar contribuciones a las mayores fortunas, desfinanciando el Fondo Común Municipal y forzando al Estado a suplementar con recursos de todos los contribuyentes.
En una maniobra que desmantela los principios elementales de la proporcionalidad fiscal, la recientísima exención del pago de contribuciones para propietarios mayores de 65 años poseedores de bienes raíces de alto valor representa uno de los retrocesos tributarios más profundos de las últimas décadas en Chile. Bajo el pretexto demagógico del «alivio a la tercera edad», la legislación aprobada extirpa una arteria fundamental de financiamiento territorial y asesta un golpe estructural al principio de solidaridad distributiva.
Las contribuciones al patrimonio inmobiliario son, por definición, un instrumento progresivo diseñado para recortar la brecha del ingreso. Su recaudación alimenta de forma crítica al Fondo Común Municipal (FCM), el pulmón financiero que sostiene el alumbrado público, los centros de salud primaria, la recolección de basura y los programas sociales en las comunas más desposeídas de Chile. Al condonar este tributo a sectores de altos ingresos, se abre un socavón que bordea los $30.000 millones anuales solo por este concepto, escalando a un costo fiscal compensatorio global que supera los $80.000 millones.
Para mitigar la sangría fiscal de los municipios postergados, la reforma acuerda reemplazar estos recursos recaudados a la alta riqueza con transferencias directas desde los impuestos generales del Estado. Es en esta supuesta «solución» donde reside la perversión del diseño legislativo: en Chile, más del 40% de la recaudación fiscal proviene del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un gravamen notoriamente regresivo que golpea con dureza proporcional a los hogares de menores recursos, quienes destinan la totalidad de sus ingresos al consumo básico.
El resultado es una aberración redistributiva de libro de clases: el peón de construcción, la trabajadora de casa particular y el obrero endeudado financiarán en su pan, sus remedios y su transporte diario el perdonazo tributario de quienes habitan mansiones y condominios de alta plusvalía. Se trata de un subsidio estatal inverso, en el que las comunas vulnerables terminan subvencionando de manera indirecta el patrimonio acumulado del decil más adinerado del país.
Esta decisión contraviene abiertamente las reiteradas advertencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El organismo multinacional ha situado sistemáticamente a Chile en los niveles más bajos del bloque en recaudación por bienes raíces —representando menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB)—, exhortando al país a elevar este tributo para capturar el explosivo aumento de la plusvalía inmobiliaria y financiar los servicios públicos. Chile optó por el camino opuesto: contraer la base tributaria patrimonial e intensificar la dependencia del consumo popular.
Detrás de esta legislación no hay ecuanimidad económica, sino la imposición de una agenda de desmantelamiento fiscal que prioriza la captura de rentas individuales a costa de la cohesión social. Al convertir la justicia tributaria en un espejismo de transferencias cruzadas, el sistema político consolida un precedente nefasto: socializar las pérdidas presupuestarias de los municipios y privatizar las ganancias inmobiliarias de la élite.
