Cerco total a Rabat: Contraloría se instala en Justicia a fiscalizar rebajas a abusadores y sepulta coartada oficial
Mientras el ministro ve derrumbarse sus argumentos técnicos por los tribunales y el ente contralor, la insólita tozudez de José Antonio Kast por mantenerlo en el gabinete desafía el sentido común institucional.
La crisis que arrastra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, acaba de escalar a un nuevo y crítico nivel institucional. A la contundente revelación de los fallos de las cortes de apelaciones que desbaratan su defensa jurídica —demostrando que la secretaría de Estado sí tenía la facultad legal de rechazar las rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores— se suma ahora un hecho ineludible: la Contraloría General de la República se ha instalado formalmente en las dependencias del ministerio para iniciar una fiscalización exhaustiva sobre estos polémicos beneficios.
Un nuevo flanco y la peligrosa huida hacia adelante
La irrupción del órgano contralor deja al ministro en una situación de total vulnerabilidad. No solo se investiga el procedimiento administrativo que permitió liberar anticipadamente a decenas de agresores sexuales, sino que también se indaga una presentación parlamentaria por la eventual falta de respuesta a los requerimientos de la Defensoría de la Niñez, evidenciando una preocupante opacidad en la gestión de la cartera.
Frente a este escenario, la narrativa oficial de que Rabat era un mero «espectador obligado» por la ley se desvanece por completo. Las diligencias de la Contraloría —en paralelo a la causa penal que instruye el Ministerio Público— desnudan el carácter insostenible de su defensa y exponen la fragilidad técnica de un relato que ya no resiste ningún análisis riguroso.
La tozudez del blindaje: El costo político de mantener a Rabat
Lo más grave de esta debacle no es únicamente la caída sistemática de los argumentos del titular de Justicia, sino la terca y desafiante persistencia de José Antonio Kast en mantenerlo en el cargo. Sostener contra viento y marea a un ministro cuyas coartadas han sido pulverizadas tanto por los tribunales de alzada como por la propia Contraloría General de la República constituye un capricho político inaceptable.
Mantener el blindaje gubernamental frente a una crisis de esta magnitud, que toca la sensibilidad más profunda de la protección a la infancia y la probidad administrativa, revela un alarmante desconcierto y una tozudez corporativa que pone en entredicho la responsabilidad institucional del Ejecutivo.
