Pinochet, autor intelectual del crimen de Orlando Letelier: el documento que Washington guardó durante casi cuatro décadas

A 50 años del atentado en Washington, un informe secreto de la agencia estadounidense, redactado en 1987 y vuelto a poner en circulación hoy, sostiene que el dictador dio la orden directa a su jefe de inteligencia y luego organizó el encubrimiento.

Hay crímenes de la dictadura cívico-militar que la historia oficial de Estados Unidos conocía desde hace casi cuarenta años y que, sin embargo, nunca llegaron a un tribunal. El del excanciller Orlando Letelier y su colaboradora Ronni Moffitt, asesinados con una bomba en pleno centro diplomático de Washington, es uno de ellos. Y esta semana, coincidiendo con el medio siglo del atentado, ese silencio institucional volvió a resquebrajarse: la propia Agencia Central de Inteligencia (CIA) dejó por escrito, en un informe hasta ahora poco difundido, que fue Augusto Pinochet quien dio personalmente la orden de matar.

«Una revisión de nuestros expedientes ha proporcionado lo que consideramos evidencia convincente de que el presidente Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia que llevara a cabo el asesinato».

— Informe de la CIA, 1 de mayo de 1987

El documento que Washington guardó para sí mismo

El hallazgo no es nuevo, pero su fuerza sí vuelve a serlo. Se trata de una evaluación de inteligencia fechada el 1 de mayo de 1987, elaborada por la CIA a pedido expreso del entonces secretario de Estado norteamericano, George Shultz, en plena administración de Ronald Reagan. El encargo fue puntual: revisar de manera exhaustiva los archivos de inteligencia sin procesar sobre el atentado y reconstruir, con todo lo disponible —cables, testimonios, informes de campo—, qué tan alto llegaba la responsabilidad dentro del régimen chileno.

La respuesta de la agencia fue categórica. Tituló su informe –»El papel de Pinochet en el asesinato de Letelier y el encubrimiento posterior»– y en él estableció que el dictador había instruido personalmente al entonces jefe de la DINA, Manuel Contreras, para ejecutar el crimen. El texto agrega que, una vez consumado el atentado, Pinochet habría orquestado un bloqueo informativo integral destinado a proteger su control sobre la presidencia.

El investigador y periodista Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación sobre Chile del National Security Archive, lleva décadas estudiando este expediente y no duda en calificar a este informe como la pieza más determinante de todo el caso: lo describe como el verdadero «Santo Grial» de la investigación Letelier-Moffitt.

La confesión que nunca se sometió a juicio

El origen de ese informe de 1987 tiene nombre propio: Armando Fernández Larios, exagente de la DINA que participó en la misión previa al atentado. A comienzos de ese año, tras meses de contactos secretos, un equipo estadounidense lo interrogó durante diez horas en un refugio de la CIA en Santiago. Según los registros de esa sesión, hoy desclasificados, Fernández Larios relató que Pinochet se había molestado cuando le anunció su intención de viajar a Estados Unidos a declarar, y que en dos ocasiones le negó autorización para dejar el Ejército.

Más relevante aún: Fernández Larios contó que el propio Contreras había admitido, ante el investigador militar chileno a cargo del caso, que él había «dado la orden» de matar a Letelier. Cuando se le preguntó de parte de quién actuaba, Contreras respondió, según ese testimonio, que le preguntaran «al jefe». Contreras reportaba en línea directa a Pinochet: la referencia, señalan los documentos, no dejaba mayor espacio a la duda.

Ese relato se hizo público en febrero de 1987, cuando Fernández Larios se declaró culpable ante un tribunal de Washington como cómplice después del hecho. La pena que recibió —hasta siete años, de los que cumplió apenas cinco meses— contrasta con el peso político de lo que sus dichos desataron puertas adentro de la administración Reagan: fue el detonante que llevó a Shultz a pedirle a la CIA la revisión que terminaría en el informe de mayo de ese año.

«Así comenzó el encubrimiento»: Contreras amenazó con inculpar a Pinochet si era procesado, y esa amenaza de chantaje funcionó, según la propia CIA.

— Cable de inteligencia de la estación CIA en Santiago, 1978

Un encubrimiento diseñado desde el poder

Los documentos desclasificados no describen un ocultamiento improvisado, sino una estrategia articulada desde la cúpula del régimen. Un cable de la estación de la CIA en Santiago, de junio de 1978, resume en cuatro puntos el plan de Pinochet para «bloquear» cualquier avance judicial: proteger a Contreras de un enjuiciamiento exitoso, frenar los requerimientos del gobierno estadounidense, presionar a la Corte Suprema chilena para que rechazara las extradiciones solicitadas y explotar el nacionalismo local para presentar el caso como una maniobra de Washington para desestabilizar al régimen.

La misma fuente asegura que Contreras llegó a reconocer su responsabilidad ante el investigador militar oficial del caso, pero advirtió que, si era procesado, alegaría haber actuado bajo órdenes directas del propio Pinochet. Un miembro de la junta militar llegó a describir el escándalo, en su momento, como «un Watergate chileno».

El juicio que Washington consideró y nunca hizo

Con la evidencia de la CIA en la mano, Shultz fue un paso más allá: redactó un memorándum al propio Reagan en el que calificaba el atentado como un caso flagrante de participación directa de un jefe de Estado en un acto de terrorismo, agravado por haber ocurrido en la capital estadounidense y por tratarse, hasta entonces, de un gobierno considerado aliado. El secretario de Estado incluso planteó la posibilidad de procesar a Pinochet, aunque reconoció que no estaba claro si Washington podría —o querría— hacerlo.

La opción de imputarlo formalmente solo volvió a la mesa una década después, tras la detención de Pinochet en Londres en 1998. La fiscal general Janet Reno autorizó en febrero de 1999 una investigación de gran envergadura, bautizada con el nombre en clave CHILBOM, que llevó a agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia a pasar semanas en Chile tomando declaraciones. Entre los interrogados, hasta el propio Henry Kissinger, quien recordó ante el FBI una reunión con Pinochet meses antes del crimen en la que el dictador mencionó espontáneamente el nombre de Letelier.

Pero el expediente quedó, otra vez, sin desenlace. Hacia mediados de 2000, los fiscales del caso entregaron a Reno un resumen de pruebas y una recomendación para imputar al exdictador. Reno postergó la decisión hasta la llegada del gobierno de George W. Bush, que asumió en enero de 2001 y, según fuentes citadas por los propios investigadores del Archivo, terminó archivando la causa. Medio siglo después del atentado, buena parte de esos expedientes y recomendaciones permanece todavía sin desclasificar.

«El caso Letelier-Moffitt sigue siendo la atrocidad más infame y emblemática de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por el régimen de Pinochet. El veredicto de la historia sobre su papel como terrorista internacional está a la espera de que se desclasifiquen estos documentos finales».

— Peter Kornbluh, National Security Archive

Un crimen sin estatuto de prescripción moral

Cincuenta años después de que una bomba estallara bajo el auto de Orlando Letelier en Sheridan Circle —matándolo a él y a Ronni Moffitt, de solo 25 años, e hiriendo gravemente a su esposo Michael— la pregunta que persigue al caso ya no es si Pinochet estuvo involucrado. Los propios archivos de inteligencia de Estados Unidos, redactados por sus aliados de la Guerra Fría, zanjaron esa duda hace casi cuatro décadas. Lo que sigue pendiente, y es lo que estos documentos vuelven a poner sobre la mesa, es si alguna vez existirá una rendición de cuentas completa: judicial, documental y política.